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Nacional | 4 de Marzo de 2011 Entregan alternativas de desarrollo para ex cocaleros del bajo cauca antioqueño Luego de las protestas desatadas en el municipio de Tarazá (Antioquia), por la aspersión y erradicación de cultivos ilícitos, el Gobierno Nacional, Regional, la cooperación internacional y la Fuerza Pública llegan a este sector del país para atender las principales problemáticas de los habitantes y ofrecer alternativas que favorezcan sus derechos fundamentales.
Durante el evento, los altos mandatarios inaugurarán la casa de la justicia y entregarán títulos de propiedad de tierras para 225 familias campesinas, que se suman a los 326 predios que fueron entregados en el mes de septiembre del año pasado. Las principales beneficiarias son las comunidades que erradicaron sus cultivos ilícitos en este departamento y se sumaron a la cultura de la legalidad, a través de los programas de Desarrollo Alternativo que implementan ACCIÓN SOCIAL, UNODC y la Gobernación de Antioquia, en los municipios de Tarazá, Briceño, Amalfi, Anorí y San Luis. La legalización y titulación de predios es posible gracias al acompañamiento técnico y legal que realiza la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), al fortalecimiento de los proyectos por parte de los gobiernos locales para generar modelos económicos sostenibles en zonas del país donde existen cultivos ilícitos y alta influencia de narcotráfico. La articulación institucional, con el apoyo de los países cooperantes, busca el fortalecimiento de las capacidades ambientales, productivas, empresariales, sociales y legales de estas familias campesinas a través de productos rentables y sostenibles como: cacao, café, caucho y caña panelera, en 3400 hectáreas distribuidas en 13 municipios. El representante en Colombia de UNODC, Aldo Lale-Demoz, señaló que el departamento de Antioquia avanza eficazmente hacia el Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible, y que una muestra de ello es la significativa reducción del 54% en las áreas cultivadas entre los años 2007 y 2009, según el Informe del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de 2010. Esta tendencia de reducción de coca y amapola en Colombia fue confirmada por el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), el pasado 1 de marzo, y contribuyó para que Colombia saliera de la lista de observación especial en la que estaba por producción y consumo de estupefacientes, gracias a los esfuerzos de las políticas públicas.
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